El fenómeno del alquiler de pisos turísticos se ha desbordado en España al calor del boom de las plataformas online. Con el sector turístico marcando récords, cada vez más viajeros se deciden a alquilar una vivienda o una habitación un lugar de ir a un hotel, y cada vez más propietarios comercializan su vivienda para alojar turistas.
El Gobierno ha puesto la diana en los pisos turísticos ilegales que, a diferencia de otras actividades económicas que escapan a la Ley, aún no tiene el suficiente recorrido como para ser una práctica sofisticada.
Dicho de otro modo, aflorar alquileres turísticos no declarados aún podría ser una vía rápida para incrementar los ingresos si se utiliza bien la información disponible y, de paso, mejorar la calidad del sector turístico.
En pleno boom del alquiler, las denuncias de que ese negocio se ha convertido en una gran bolsa de economía sumergida son continuas desde el sector hotelero, el más afectado por la explosión de la actividad de las viviendas de uso turístico. Y el Gobierno también ha puesto bajo la lupa esta actividad con el objetivo de evitar el fraude fiscal.
Una primera investigación se está enfocando hacia las plataformas online:
- https://www.airbnb.es
- https://www.homeaway.es
- https://www.wimdu.es
- https://www.housetrip.es
- https://www.rentalia.es
- https://www.vacaciones-espana.es
- https://www.only-apartaments.es
Cada comunidad autónoma tiene su propia legislación para regular el alquiler de viviendas turísticas. 17 leyes para 17 regiones, a las que se suman las normas de los ayuntamientos, para un fenómeno que no deja de crecer.
Justo cuando el boom del alquiler turístico empezaba a percibirse el Gobierno se desentendió de su gestión directa y reformó en 2013 la LAU, cediendo a las comunidades autónomas las competencias para regular las VFT.
Cada región pasaba a tener potestad para establecer un marco particular para controlar el fenómeno, así que se abría la puerta a que hubiera 17 leyes distintas para 17 regiones de un fenómeno en auge y que despertaba recelos. El Ejecutivo sigue defendiendo las virtudes de esta descentralización en la regulación del nuevo negocio turístico: «No es lo mismo gestionar el alquiler turístico de Ibiza, de Badajoz o de Santiago de Compostela. Son características diferentes. Cada uno debe hacerlo en función de esas características», dijo hace unas semanas el propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Y la pretensión del Gobierno central pasa sólo por controlar el fraude fiscal ligado al negocio del alquiler turístico.
Desde las asociaciones de propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico, y también desde las plataformas online que comercializan su oferta, se critica la atomización de la legislación por todo el Estado sin un criterio común y se quejan de que las nuevas legislaciones en la mayoría de los casos sólo buscan restringir la nueva oferta o directamente hacer inviable el alquiler.
«No hay un denominador común en las legislaciones regionales. Ni siquiera se han podido poner de acuerdo ni en el nombre ni en las características de las viviendas de uso turístico», explica Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). «Muchas comunidades autónomas sufren las presiones de las empresas que desarrollan otros modelos alojativos y en las leyes se acaban incluyendo requisitos de imposible cumplimiento».
La visión de los hoteleros, los más afectados por la expansión fulgurante de una nueva oferta de miles de plazas en viviendas, es estrictamente la contraria. La patronal hotelera Cehat y el lobby sectorial Exceltur (que agrupa a una veintena de las grandes empresas turísticas que operan en España) denuncian la competencia desleal del alquiler turístico al estar sometido a regulaciones mucho más laxas que el negocio hotelero y, además, critican que no se persiga lo suficiente el presunto incumplimiento generalizado que existiría entre los propietarios de los pisos turísticos.
Las grandes ciudades aprueban medidas para legislar esta actividad. El objetivo es controlar el precio del alquiler y evitar la marcha forzosa de residentes del centro de las urbes.
La proliferación de viviendas en alquiler para turistas está vaciando el centro de las grandes ciudades de vecinos. Arrendar una vivienda en el corazón de alguna de las capitales cuesta entre un 10% y un 15% más que hace un año, según Idealista. Plataformas como Airbnb, Homeaway o Booking contribuyen a atraer la demanda e inflar los precios. Los Ayuntamientos están poniendo coto a estas actividades mediante una serie de medidas cuyo objetivo es regular los alquileres turísticos y frenar las subidas desorbitadas de los precios. El objetivo, en suma, es evitar que el centro se convierta en un coto exclusivo para no residentes.
El boom turístico y la economía colaborativa han generado un cóctel explosivo en el mercado inmobiliario español. Los apartamentos vacacionales han proliferado en el centro de las ciudades más turísticas. Es un negocio rentable que expulsa a los vecinos de esas zonas. En los últimos meses, diferentes Ayuntamientos están legislando esta actividad. Cuatro años después de asumir las competencias la mayoría de gobiernos regionales se han lanzado a poner orden en un negocio que en algunas zonas crece de manera irrefrenable al calor del auge de plataformas online.
Todas las comunidades autónomas que han decidido regular el alquiler turístico en sus territorios coinciden en que las viviendas para considerarse de uso turístico:
- prestan servicios de alojamiento a cambio de una contraprestación económica
- se alquilan de manera habitual, pero con límite temporal (cada región tiene el suyo)
- deben estar amuebladas para su uso inmediato
- exigen a los propietarios una declaración responsable y su inscripción en un registro oficial para poder desarrollar el negocio.
Y prácticamente aquí se acaban los puntos en común entre las legislaciones regionales y el resto está sujeto a la discrecionalidad de cada Administración autonómica.
Cataluña es la única que aplica el cobro de la tasa turística a los viajeros que se alojan en viviendas de alquiler y obliga al dueño del inmueble a exigir al cliente que abandone la casa en el plazo de 24 horas si atenta contra las normas de convivencia.
En Barcelona, Ada Colau llegó a la alcaldía procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y con la promesa de hacer de la vivienda una prioridad. El problema es que, pese a haber tomado muchas medidas pioneras, los desahucios continúan y la burbuja del alquiler, hinchada en parte por la presión turística, le ha pasado por encima y no puede cumplir sus promesas, circunstancia que origina no pocas críticas por parte de la oposición.
En materia de turismo, en Barcelona ya desde antes de la llegada de Colau no se conceden licencias de viviendas de uso turístico, pero el mercado ilegal existe. La alcaldesa puso en marcha un plan de choque y ha logrado cerrar casi 2.400 pisos turísticos que no tienen licencia. Además de conseguir que las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb, retiren buena parte de los anuncios de pisos sin licencia. El Plan Especial de Alojamientos Turísticos empuja los hoteles a la periferia y además prohíbe que cualquier alojamiento para visitantes se ubique en edificios de vivienda.
Ahora Colau ha centrado sus esfuerzos en buscar alianzas internacionales con otras ciudades como Londres, Nueva York o París, donde los alquileres también se han desmadrado y se produce el fenómeno de la gentrificación. Colau pide al Gobierno español que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos: alargando los contratos y limitando las subidas de precio.
Y a nivel municipal, las dos últimas medidas que se han tomado tienen que ver con la Ley del Derecho a la Vivienda, que aprobó el Gobierno tripartito de izquierdas de la Generalitat en 2008:
- Una es multar a los propietarios que acosen a los inquilinos con el fin de echarles de sus viviendas para reformarlas y lanzarlas de nuevo al mercado por un precio superior.
- Otra, que se ha aprobado inicialmente, es obligar a los promotores privados a que en las nuevas construcciones destinen un 30% del total de pisos a alquileres asequibles.
Madrid no permite que el alquiler se haga por habitaciones y obliga a que la casa tenga wifi, y trabaja ya en una nueva regulación del sector del alquiler vacacional. Según las estimaciones del Ejecutivo, en la comunidad hay unas 20.000 viviendas que se comercializan como alquiler turístico, y de las que 17.000 son ilegales por no estar registradas.
La Junta de Gobierno Municipal de Madrid aprobó el plan especial para la regulación de los alojamientos turísticos. Aunque la norma no entrará en vigor hasta principios de 2019, recoge muchas de las propuestas adelantadas por los miembros del Gobierno de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, como la obligación para los apartamentos turísticos de la almendra central de contar con un acceso independiente a la calle. Es decir, se vetarán aquellas a las que haya que acceder por el portal. Estas medidas afectarían al 95% de las actuales viviendas turísticas del centro de la capital, según estimaciones oficiales del Ayuntamiento.
El plan también asume que una vivienda que se alquile a turistas durante más de 90 días al año está desarrollando una actividad comercial. Por tanto, su dueño tendrá que solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje. El Gobierno local espera poner freno a la gentrificación: la paulatina salida de los barrios más céntricos de las clases medias y de los jóvenes por el encarecimiento de la vivienda. De hecho, en estos meses, Madrid ha anunciado que ha tramitado 500 expedientes que afectan a alojamientos ubicados en los distritos de Centro, Salamanca, Moncloa y Chamberí. De ellos, 147 han concluido con la obligación para sus dueños de cesar la actividad. El Consistorio estima que hay unas 8.000 viviendas de este tipo en toda la ciudad.
Andalucía exige que las casas tengan calefacción en invierno y refrigeración en verano, que tengan hojas de reclamaciones, información turística de la zona, sistemas de oscurecimientos en las ventas.
En junio de 2018, Sevilla contaba con 3.969 viviendas regularizadas con fines turísticos. Suponen el 50% de los alojamientos destinados a este servicio de los estimados por el Ayuntamiento, cuyo cálculo asciende a cerca de 8.000. “Sevilla no tiene el problema en los niveles de otras ciudades como Barcelona. Contamos desde hace cinco años con una mesa para la lucha contra la oferta alegal de pisos turísticos, con un decreto autonómico que regula este fenómeno. Pero hay que dar más pasos para evitar que el problema crezca”, declaró el concejal de Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, que considera fundamental la concienciación ciudadana para el buen uso del servicio.
El Ayuntamiento prepara también una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y una nueva ordenanza, ahora sujeta a un proceso de participación ciudadana, con la que esperan asumir más competencias y responsabilidades en la regularización de esta actividad.
Aragón excluye de la legislación de alquiler de particulares a los dueños que tengan más de una casa en el mismo edificio, que pasan a considerarse apartamentos turísticos reglados con otras exigencias.
Asturias sólo aplica la legislación a casas completas no a pisos, y exige que se comercialicen obligatoriamente durante los meses de verano.
Valencia obliga a los dueños a registrarse como empresa turística si cuenta con cuatro viviendas en alquiler.
La Generalitat Valenciana cuenta con una nueva ley autonómica de turismo, que solo permite el alta en el registro de apartamentos turísticos si se tiene un informe de compatibilidad urbanística que extienden los Ayuntamientos. Esto supone dejar en manos de cada municipio la regulación.
En el caso de Valencia, ciudad en la que el Consistorio estima que pueden existir unos 5.000 pisos de uso turístico, el Gobierno local deberá certificar que el inmueble se encuentra en un bajo o en las primeras plantas de un edificio. Los que no cumplan con esta condición no serán autorizados, según anunció el Ayuntamiento hace tres meses.
Baleares, uno de los grandes destinos turísticos españoles, acaba de aprobar una reforma de la norma que aplicará nuevas restricciones a las VFT. La nueva regulación, entre otros aspectos:
- prohíbe que se destinen a alquiler viviendas en edificios plurifamiliares (salvo las que sean vivienda habitual y no se cedan por más de 60 días al año)
- dará poder a los ayuntamientos para restringir e incluso prohibir el alquiler turístico en sus municipios
- el establecimiento de un techo real de número de plazas en las islas (como ya sucede con los hoteles)
- la posibilidad de permitir a los vecinos que veten pisos turísticos en sus edificios
«Es totalmente correcto que los propietarios de una comunidad de propietarios puedan pactar e incluir en sus estatutos que los pisos no pueden ser de uso turístico. Si alguien compra un piso en ese edificio para poder alquilarlo puede conocer a priori que no va a poder hacerlo. No hay problema», dice Zubicaray, de Fevitur. «Lo que no es correcto es que, sin que esa prohibición esté incluida en los estatutos, los propietarios tengan que pedir permiso a los vecinos para poder alquilar su piso a turistas. Y eso es lo que sí que se pretende hacer ahora en Baleares». «La de Baleares es la legislación más beligerante contra el alquiler. No tiene ningún sentido que haya que pedir permiso a los vecinos para decidir qué hacer con tu propia vivienda. Es todo un despropósito. Se trata de una prohibición encubierta del alquiler en Baleares», sentencia el presidente de Fevitur. De momento, y de facto, en las islas se ha establecido una moratoria de un año para dar nuevas licencias para que los ayuntamientos y los Consells insulares decidan en qué zonas puede haber alquiler turístico y en cuáles no.
Sin embargo, según reconoce que propio Govern balear, la nueva legislación ha nacido muerta y habrá que promover una nueva reforma. Y es que Podemos apoyó la reforma sólo a medias, respaldando unos artículos y otros no, lo que ha provocado que se haya derogado la parte del texto en que se prohíbe expresamente el alquiler en comunidades de vecinos, así que ninguna administración promoverá sanciones a este tipo de alquileres por temor a que sean fácilmente recurribles en los tribunales. Ala nueva legislación le tendrá que seguir otra nueva legislación en breve, si se llega a un acuerdo que evite otro cambalache parlamentario.
El Ayuntamiento de Palma aprobó la regulación definitiva del alquiler turístico en la capital, que prohíbe el arrendamiento de pisos a turistas en toda la ciudad y solo autoriza esta práctica en las viviendas unifamiliares, como chalets o casas aisladas, de determinadas zonas. Una normativa impulsada con el objetivo de “proteger el acceso a la vivienda de los residentes y garantizar la convivencia social”, según el concejal de Urbanismo, José Hila. La escalada de los precios del alquiler en la comunidad y la falta de una regulación clara sobre los arrendamientos vacacionales llevaron al Gobierno autonómico a aprobar en agosto pasado una ley que dejaba en manos de cada isla y del Ayuntamiento de Palma la posibilidad autorizar los pisos turísticos.
El Consell de Mallorca elaboró un mapa en el que, dependiendo de una serie de variables como la ubicación, la densidad de población o la saturación, cada municipio de la isla puede aplicar una tipología diferente de alquiler turístico.
En Ibiza, sin embargo, el problema de los precios del alquiler es especialmente sangrante y ha acarreado importantes dificultades para atraer y fidelizar profesionales a la isla, como médicos, profesores y policías, que renuncian al destino debido al elevado precio de la vivienda. El Consell de Ibiza no fue capaz de aprobar su propio mapa de zonificación, aunque en la práctica el alquiler vacacional en pisos está actualmente prohibido en toda la isla porque así lo dicta la normativa autonómica.
Y otras comunidades autónomas siguen sin aprobar ninguna normativa propia (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia…).
Con este mantra, el Gobierno regional trabaja en la reforma de la norma y pretende permitir que las comunidades de propietarios puedan prohibir que en sus edificios haya pisos turísticos incluyendo ese veto en los estatutos de la comunidad. Un extremo que, de momento, se desdeña desde el sector del alquiler turístico por tratarse de una prerrogativa que ya se otorga a las comunidades de propietarios en la LPH.
Los Ayuntamientos se enfrentan a estos nuevos fenómenos buscando fórmulas para frenar la expansión de la oferta de pisos turísticos en algunas zonas saturadas de sus ciudades.
Las grandes ciudades españolas también crean su propia normativa para organizar (o para poner coto) el boom del alquiler turístico. Varios términos han prendido en el imaginario colectivo quizá ya para quedarse: turistificación, gentrificación, turismofobia…
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha anunciado esta misma semana que no concederá durante un año más autorizaciones de alojamiento ni a pisos turísticos ni nuevos hoteles en varios barrios de la ciudad. Y lo hace después de que en las calles del centro de la ciudad hayan proliferado las pintadas contra el aluvión de turistas y pancartas denunciando la muerte de los barrios porque la proliferación de pisos turísticos está expulsando a los vecinos.
En Barcelona, el gobierno municipal de Ada Colau aplicó una moratoria para nuevas plazas turísticas a la espera de poder analizar hacia dónde encaminar el modelo turístico de una ciudad en la que las quejas contra la saturación de visitantes y por la pérdida de servicios para vecinos (y proliferación de otros sólo para turistas) en ciertos barrios. Ahora el Ayuntamiento se plantea promover nuevas plazas de alquiler turístico sólo en barrios no saturados y lo hace en plena guerra con las plataformas, a las que ha aplicado multas récord por seguir comercializando pisos ilegales.
Madrid también prepara su propia legislación. El Ayuntamiento de Manuela Carmena negocia con los dueños de pisos y con las grandes plataformas online una nueva norma con el objetivo de impedir que haya pisos ilegales y prohibir que las viviendas se alquilen por encima de un plazo máximo de tiempo (en principio, será un máximo de 60 días al año). Por encima de ese tope, las propias plataformas serían las encargadas de retirar los anuncios de las viviendas de sus portales. «Quizá sea una posición ingenua, pero de momento negociamos la nueva norma. Si los agentes al final no quieren aplicarla, tomaremos otra postura más firme», advierten desde el Ayuntamiento de Madrid.
Modificación de la LAU
La normativa sobre esta actividad se incardina en el ámbito turístico, y no en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es de aplicación nacional. Esto se traduce en la práctica en que la normativa surgida al calor del ‘boom’ de los pisos turísticos se ha creado de manera dispersa y confusa en las distintas comunidades autónomas.
Más aún, también los grandes ayuntamientos se han lanzado a crear sus propias normativas al ver que la proliferación de pisos turísticos está distorsionando el mercado del alquiler tradicional, aunque de momento se han topado con la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La consecuencia de esa bola de nieve de confusión normativa, ni los diferentes territorios tienen un registro de pisos turísticos comparable, ni mucho menos se cuenta de momento con uno de referencia.
La idea es empezar por concretar el concepto de alquiler turístico dentro de la LAU para ir creando ya un paraguas de dimensión nacional en torno a esta actividad. La idea es a priori delimitar qué continuidad debe tener el arrendamiento de una vivienda para que esta pueda considerarse un alquiler turístico. Con esta modificación se introduciría mayor claridad y, a su vez, menores distorsiones a la hora de legislar en cada comunidad autónoma.
Modificación de la LPH
El Gobierno tiene intención de revisar la Ley de Propiedad Horizontal, para poder influir indirectamente en la regulación de los alojamientos turísticos. En este caso, se trataría de modificar las mayorías que deben alcanzarse en las Comunidades de Propietarios para dar vía libre a un alquiler turístico. Y es que, en la actualidad, basta con que un solo vecino esté de acuerdo (el mismo propietario de la vivienda, por ejemplo), para que los demás no puedan oponerse.
Por último, dentro de las normas de carácter nacional sobre las que el Gobierno tiene margen de maniobra, está la legislación sobre el consumo. Dentro de este perímetro entra en juego el grupo interministerial, en el que estará presente el Ministerio de Fomento, para adoptar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Hasta ahí, el Gobierno aún piensa en este estadio en una solución coordinada, más que nacional. Con esa filosofía, el Gobierno prevé abordar estas cuestiones también con otros agentes como los administradores de fincas.
Sin embargo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo dio alguna clave más tras la conferencia sectorial de julio. «Veremos que hay que hacer para garantizar que las personas que alquilan alojamientos vacacionales tienen la garantía de que están ahí y de que están en buenas condiciones», afirmó.
Los Registradores de la Propiedad se suman a la causa
Esta visión coincide con la de los Registradores de la Propiedad, que se encuentran desarrollando un proyecto para evitar el subarrendamiento de las VFT y de forma ilegal. También en recientes declaraciones a Europa Press, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, avanzaba que la filosofía del proyecto era lograr que los inquilinos se aseguraran de que el arrendatario de la vivienda es efectivamente su propietario.
Esta forma de proceder da también la idea de las posibilidades que los canales y la información de los registradores podrían proporcionar al Gobierno para rastrear la enorme burbuja de fraude que se esconde tras los alquileres turísticos.
Aproximaciones a un registro único
Según ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el Gobierno está sondeando la forma solventar este problema sin cruzar la línea competencial, por eso se trata de «una fase de intención o voluntad», en la que el Ejecutivo está dando ya los primeros pasos para poder contar con un registro único de alojamientos turísticos.
La nueva normativa que impulsa el Ejecutivo permitirá elaborar un listado (hasta ahora inexistente en España) de todas las VFT puestas a través de intermediarios, ya sean en plataformas online colaborativas u otros tipos de agencias. La inmensa mayoría del parque de VFT se comercializan a través de estos intermediarios.
Esta suerte de mapa o de fotografía fija debería permitir poner orden en este ámbito y mejorar la calidad de la oferta, como señala la ministra. Pero también se engarza con los esfuerzos del Gobierno por estrechar cada vez más el cerco sobre el fraude asociados a los pisos turísticos.
El Gobierno espera ahora poder consensuar todas estas cuestiones con comunidades autónomas y agentes implicados para poder presentar a las fuerzas políticas en el Congreso una batería de iniciativas consensuadas. De esa forma prevé agilizar el proceso de ‘limpieza’ del panorama de los alquileres turísticos.
Para ello, el Ejecutivo espera recopilar datos a partir de cuatro fuentes de información:
- las estimaciones de Exceltur (Alianza por la Excelencia Turística) sobre inquilinos de estos alojamientos
- el aprovisionamiento de datos al que se obligará a las propias plataformas de alojamientos, a partir de enero de 2019
- la aportada por las comunidades autónomas (no habrá que obligarlas, porque ya están ofreciendo todo tipo de datos). La ventaja es que en la mayoría de ellas ya se exige a los propietarios el registro de sus viviendas cuando se destinan al alquiler turístico, lo que ha llevado a duplicar el número de alojamientos declarados
- la aportada por los Registradores de la Propiedad
Obligación de las plataformas de alojamiento de informar a Hacienda sobre los ingresos de los dueños de pisos turísticos
El Gobierno ya venía advirtiendo que trabajaba en nuevas vías legales para evitar el fraude fiscal que se presume existe detrás del boom del alquiler de pisos turísticos. Y lo va a hacer endureciendo el control sobre las plataformas online que ponen en contacto a los propietarios de las viviendas y a sus clientes.
“Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas 'plataformas colaborativas', que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, se recoge en el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio comandado por Cristóbal Montoro, que se encuentra en trámite de información pública. La obligación pues de facilitar información recae específicamente en las plataformas como Airbnb y sus rivales, que hasta ahora se escudaban en la legislación de protección de datos de sus usuarios para no dar este tipo de información.
El Ministerio de Hacienda ultima ese decreto con el que pretende exigir que las plataformas faciliten a la Agencia Tributaria información específica sobre:
- la identificación de los turistas que se alojan en las VFT
- la identificación de los propietarios de las VFT
- los ingresos percibidos por los propietarios de las VFT
- la identificación de las viviendas que se anuncian para ser alquiladas como VFT
Conocer los ingresos reales de los dueños. Alta de los arrendatarios en Hacienda
Y, a la vez, Hacienda busca contar con información directa de los portales sobre las tarifas realmente ingresadas por los dueños de las viviendas, ya que en muchos casos las plataformas ejercen también como intermediario para hacer efectivos los pagos recibidos por el alquiler de los pisos.
Por esa razón, otras de las mediadas que están sobre la mesa del Gobierno pasan por valorar si los arrendatarios de viviendas turísticas deben estar inscritos de algún modo como titulares de una actividad económica.
En el caso de que los dueños de las viviendas no declarasen sus ingresos, la Agencia Tributaria sólo podía tratar de aflorar ese dinero negro a través de rastreos informáticos e inspecciones. Pero contar con la información facilitada por las plataformas allanará el camino para controlar esta actividad económica. La Agencia Tributaria ha suscrito convenios con las propias plataformas online para asegurarse su colaboración en la lucha contra la elusión fiscal por parte de los dueños de las viviendas, pero el Ejecutivo pretendía reforzar su labor de control sobre el negocio del alquiler turístico.
En paralelo, el Gobierno también busca reforzar las medidas de seguridad nacional al obligar a identificar a los clientes. Hasta ahora, sólo los alojamientos reglados (con los establecimientos hoteleros a la cabeza) estaban obligados a transmitir la identificación de todos sus clientes. Ahora esa medida se extiende también al alquiler turístico. En este sentido, el borrador del decreto apunta a que los dueños de las casas estarán obligados a guardar una copia del DNI de los turistas que se alojen.
Hacienda rastrea los portales de internet
La Agencia Tributaria ha intensificado los controles sobre esta actividad y ha creado herramientas tecnológicas específicas para rastrear los portales online. Y este esfuerzo está dando resultados. El último balance realizado por la Agencia Tributaria sobre la lucha contra el fraude arroja datos que evidencian que el fisco se está tomando muy en serio la dimensión que ha alcanzado ya el alquiler turístico.
Las visitas presenciales de los inspectores de Hacienda –‘peinados’ en el argot del organismo— en sectores de especialmente generadores de economía sumergida aumentaron un 12% en 2016, hasta las 24.491 actuaciones. De ellas, 8.160 se realizaron para aflorar alquileres supuestamente irregulares, entre los que se incluyen especialmente los vacacionales. Esta cifra supone un 49% más que en 2015 y fuentes tributarias aseguran que la actividad en este ámbito tendrá continuidad en 2017 gracias a la sistematización de la información que aporta internet sobre estos negocios en negro.
De cara a la campaña de la Renta 2016 la Agencia Tributaria ha vuelto a la carga haciendo uso de todas las herramientas y la información que proporcionan los rastreos que realiza en internet en busca del fraude. Fuentes del organismo explican que están enviando nuevos avisos a contribuyentes advirtiéndoles de que “se pueden dar las circunstancias para que, en relación con el año anterior, declare determinados rendimientos de alquileres”.
Los tribunales frenan las restricciones
En unos casos a instancias de las patronales de propietarios de viviendas y en otros por la impugnación de la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los tribunales han dado alas al boom del alquiler tumbando algunos de los preceptos más restrictivos incluidos por Gobiernos regionales en las regulaciones del sector.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el año pasado la prohibición incluida por el Gobierno regional de que las VFT se alquilaran por una duración menor a cinco días. El tribunal consideró que se trataba de una restricción desproporcionada e injustificada. Y es que en la práctica obligar a que las estancias fueran más de cinco días dejaba fuera del negocio a las VFT, que en la mayoría de los casos se alquilan para viajes de fin de semana (dos noches o a lo sumo tres).
La justicia también ha frenado el excesivo celo restrictivo del Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia canario dejó el pasado abril sin efecto la prohibición de que viviendas turísticas estuvieran ubicadas en zonas turísticas, tal y como se recogía en la nueva regulación del archipiélago. El tribunal también anuló el artículo que prohibía alquilar habitaciones de manera separada.
Compártelo
