El Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trate de la primera vivienda.
Además, los bancos podrán incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas que el Ejecutivo promoverá entre las entidades y que permitirá que se aplique la normativa a estas familias.
La iniciativa ha sido anunciada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que ha precisado que se enmarca dentro de una serie de medidas recogidas en un Código de Buenas Prácticas y reformas de carácter legal: La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen, aseguró el ministro en el Congreso en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela Conesa, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. El Gobierno es muy sensible a la situación que ha generado la percepción social del gran número de ejecuciones hipotecarias, defendió De Guindos ante la acusación del diputado de la Izquierda Plural de que el Gobierno permanece impasible.
En este contexto, De Guindos adelantó que el Ejecutivo propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, este periodo prudencial podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado justo. Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como umbral de exclusión, la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. Para este mismo colectivo considerado por el Gobierno en el umbral de exclusión, el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son abusivos y existe margen legal para flexibilizarlos. Por otro lado, el titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con cautela para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma abusiva y fraudulenta. Así, aseguró que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el citado Código de Buenas Prácticas entre el sector bancario. En este sentido, el ministro también propuso reestructurar las deudas hipotecarias fijando el pago del capital que se adeuda de forma proporcional en el número de cuotas pagadas.
De Guindos también dejó abierta la posibilidad de que las entidades financieras asuman parte del riesgo de las garantías hipotecarias. Parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe, subrayó. Asimismo, los bancos podrán incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas, según precisó en un comunicado el Ministerio encabezado por De Guindos, ya que éste será el incentivo para que las entidades financieras se acojan al mismo. De Guindos adelantó que el Ejecutivo promoverá entre los bancos el Código de Buenas Prácticas, si bien aclaró que las entidades se podrán acoger a dicho código de forma voluntaria. El ministro de Economía y Competitividad, sin embargo, avisó de que lejos de planteamientos demagógicos, la dación en pago no es la solución mágica, por lo que insistió en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. Hay que enmarcarlo en familias incluidas en umbral de exclusión, enfatizó De Guindos, anunciando que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago a las familias:
- con todos sus miembros en paro
- que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas
- siempre que se trata de la primera vivienda
- que su banco o caja lo acepte, ya que ésta sólo será una recomendación incluida en un Código de Buenas Prácticas para entidades financieras.
Por el momento, los bancos españoles ya han mostrado su plena colaboración al Gobierno para analizarlo y desarrollarlo, según indicó un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), aunque aún se desconoce el número de entidades que podrían sumarse al código. Además de la AEB, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ha afirmado que comparte la medida del Ejecutivo, al tiempo que ha recalcado que las cajas ya cuentan con planes específicos para paliar esta situación. La CECA siempre ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar el sistema hipotecario español, enfatizó la organización en un comunicado. En él también concretó que las cajas cuentan con daciones en pago voluntarias y adquieren viviendas para su posterior alquiler al deudor. La patronal, asimismo, ha subrayado que cualquier reforma del marco normativo debe hacerse con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda al 85% de las familias españolas.
La propuesta de De Guindos no ha sido bien acogida, en cambio, por el PSOE, cuyo portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez, ha considerado muy inconveniente, a la vez que ha reclamado al ministro del ramo una legislación prudente que respete y tenga en cuenta también la propia situación de las entidades financieras. Un código de buenas prácticas no obliga, sin simples recomendaciones y no podemos levantar falsas expectativas desde el Gobierno al conjunto de los clientes de las entidades financieras diciendo que será posible la dación en pago cuando el deudor incurra en desempleo, ha señalado Gómez, que ha subrayado que la medida es muy insuficiente. Algunas de las iniciativas que, a juicio del exministro de Trabajo, deberían incluirse en dicha legislación deberían obligar a las entidades financieras a alcanzar acuerdos con sus clientes para reestructurar las condiciones de amortización del crédito una vez se haya dejado de pagar. Asimismo, ha reclamado que las entidades que perciban ayudas públicas por los procesos de reestructuración bancarias tengan que asumir este código no sólo como recomendación sino como compromiso y que se reduzcan los intereses de demora, a todas luces excesivos. En la misma línea, Gómez ha exigido fijar un límite temporal mínimo para el valor de tasación, criticando que los bancos valoren los pisos para dar las hipotecas y, poco tiempo después, reduzcan esa cifra, con lo que cuando se acude a la subasta suelen poder quedarse con la vivienda a un precio que es un porcentaje del valor de tasación que ya ha sido reducido. Por eso, el exministro de Trabajo ha pedido que se regule el papel de las entidades tasadoras, que tienen una función muy importante y que no pueden depender de las propias entidades financieras cuya labor en el ámbito hipotecario están permanentemente evaluando. También ha solicitado que se evite que los intereses devenguen intereses, ya que eso contribuye a hacer prácticamente imposible saldar las deudas.
Al respecto, el diputado de la Izquierda Plural recordó que unas 150.000 familias han sido desahuciadas en los últimos cuatro años de su vivienda habitual, y subrayó que si el Ejecutivo ayuda a las familias en situación de impago impulsaría también al sector financiero. El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, ha señalado que la propuesta de redactar un Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras que incluya la posibilidad de que acepten la dación en pago busca sólo hacer ver que se da una solución al problema que sufren miles de familias españolas que no pueden hacer frente a sus hipotecas, por lo que su formación reclama obligatoriedad a los bancos. Estoy profundamente convencido de que De Guindos no quiso abordar una solución, sino que quiso hacer ver que daba una solución. Afortunadamente, creo que el conjunto de la ciudadanía es consciente de que los planteamientos del Código de Buenas Prácticas voluntarias para las entidades financieras no son la solución para el drama de las familias embargadas y desahuciadas, ha manifestado el diputado de ICV. De hecho, a su juicio este ofrecimiento por parte del ministro puede ser entendido incluso como una burla, ya que pedirles a las familias que atraviesan por estas situaciones que crean que su futuro depende de la buena voluntad de las entidades financieras que les han llevado a esta ruina puede incluso sonar a burla. Por eso, la Izquierda Plural llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una moción en la que se recogen las medidas que a su entender deberían abordarse para poner freno a las ejecuciones hipotecarias en relación con cuatro ejes:
- normalizar que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria
- dar mayores garantías a las familias desahuciadas
- reformar la legislación hipotecaria y mercantil para luchar contra el sobreendeudamiento
- obligar a aquellas entidades financieras intervenidas por fondos públicos a aplicar la dación en pago y dar uso social a su stock de viviendas.
Nuestra proposición aborda con profundidad no sólo la dación en pago, sino también las condiciones abusivas que la banca está aplicando a las personas que tienen dificultades para pagar sus hipotecas, ha asegurado Coscubiela, que recuerda que muchas familias españolas están siendo castigadas a quedarse sin vivienda habitual y, en muchos casos, a la condena perpetua de tener que pagar altos intereses, incluso de por vida tras perder su piso.
Fuente: Europa press
Compártelo
